Isabel busca ayuda en la justicia para sacar a una familia morosa de su vivienda a la cual no ha conseguido echar a pesar de la deuda
Isabel es una propietaria que, pese a tener su piso vacío, no puede entrar en él. Su inquilino moroso, que acumula una deuda superior a los 6.000 euros, no le ha devuelto las llaves. Esta situación puede parecer una broma, pero la ley le impide recuperar su piso hasta que el inquilino haya firmado su renuncia o lo dictamine un juez. Su inquilino, sin embargo, ha desaparecido sin decir nada, dejando diez mensualidades de 600 euros sin pagar.
Los vecinos han informado a Isabel de que su inquilino se ha ido, sin embargo, al no haber entregado las llaves, judicialmente no pueden tomar ninguna acción. Isabel, de 83 años y actualmente ingresada en una residencia, no puede luchar esta batalla legal por sí misma, por lo que su prima Loli ha asumido la tarea de recuperar el piso.
El laberinto legal de la inquilinomorosidad
“Hasta que no haya un documento en el que reconozca que deja el piso o entregue las llaves, no se puede entrar porque no hay ninguna circunstancia objetiva de que se haya marchado”, confirma Luisma, el abogado de Loli. Él advierte de las posibles consecuencias legales si deciden forzar la entrada a la vivienda.
El piso en cuestión del que habla Isabel está ubicado en la localidad vizcaína de Sestao, ha estado alquilado a tres inquilinos durante ocho años. Cuando se les informó que tenían que dejar la vivienda, dos de ellos se marcharon, pero el tercero, de origen senegalés, se negó a irse y se convirtió en un ‘inquiokupa’.
La desesperación de la dueña ante la inquiokupación
Loli denuncia que el ‘inquiokupa’ ha estado “realquilando habitaciones del piso a otras personas durante varios meses”. Asegura que esta situación ha provocado un deterioro mental en su prima Isabel, que antes era una persona totalmente válida y ahora necesita cuidados constantes. Isabel, que tiene una pensión de 1.000 euros, no puede costear la residencia en Palencia que le cuesta 1.500 euros al mes.
“Necesitamos vender este piso para poder pagarla”, lamenta Loli. La situación económica de Loli también es precaria, ya que actualmente cobra la Renta de Garantía de Ingresos, el equivalente al Ingreso Mínimo Vital en el País Vasco. Ante la lentitud de la justicia, Loli ha decidido tomar cartas en el asunto y diariamente se sienta frente al portal del piso de su prima con una pancarta para exigir la devolución de la vivienda.
