Juristas y filósofos presentan una querella que cuestiona la validez de las regularizaciones fiscales de Juan Carlos I
Un grupo de intelectuales y juristas ha decidido llevar ante el Tribunal Supremo al rey emérito, Juan Carlos I, por presuntas irregularidades en sus finanzas. Los querellantes argumentan que las regularizaciones fiscales de 2020 y 2021 carecen de validez debido a notificaciones previas de la Fiscalía. Estas denuncias, lideradas por figuras como José Antonio Martín Pallín y Eduardo Ranz, apuntan a la posible existencia de delitos fiscales graves.
El núcleo de la querella radica en el artículo 305.4 del Código Penal, que establece que las regularizaciones fiscales no son válidas si se realizan tras haber sido informado de una investigación fiscal. Los querellantes sostienen que las acciones del rey emérito no fueron espontáneas, lo que las invalida para evitar responsabilidad penal.
Nuevas acusaciones contra Juan Carlos I y su impacto jurídico
El colectivo de querellantes también denuncia que el rey emérito utilizó fundaciones y testaferros para ocultar ingresos. Entre las acusaciones destaca la utilización de la Fundación Zagatka y empresarios extranjeros para canalizar dinero y sufragar gastos personales. Este esquema incluiría viajes y tarjetas de crédito vinculadas a cuentas opacas, intensificando las sospechas sobre el monarca.
En cuanto a los delitos investigados, los querellantes argumentan que ciertas cantidades no declaradas superan los 600.000 euros, lo que agrava las acusaciones según el Código Penal. Esto podría implicar un precedente clave para otros casos de evasión fiscal en la monarquía. Aunque la Fiscalía archivó algunos casos citando la inviolabilidad del monarca y la prescripción, este nuevo enfoque busca reabrir el debate.
La respuesta de la Fiscalía y el futuro de la investigación
El caso también ha provocado un intenso debate jurídico sobre la legitimidad de las acciones previas de la Fiscalía. Mientras el colectivo asegura que las notificaciones fueron suficientes para invalidar las regularizaciones, el Ministerio Público mantiene lo contrario. Este conflicto subraya las tensiones entre los principios legales y las interpretaciones actuales de los procedimientos.
El caso del rey emérito representa un desafío no solo para el sistema judicial español, sino también para la percepción pública sobre la igualdad ante la ley. Los querellantes buscan no prisión, sino la máxima multa posible, marcando un límite entre la sanción económica y la responsabilidad personal.
