El CEO de Glovo declarará como investigado por supuestas infracciones laborales
Óscar Pierre, CEO de Glovo, comparecerá este martes en el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona en calidad de investigado en un proceso impulsado por la Fiscalía. Este caso tiene su origen en denuncias presentadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que acusan a la empresa de infringir derechos laborales. El punto central de la investigación radica en la clasificación de los repartidores como falsos autónomos, lo que habría menoscabado sus garantías legales.
Ante estas acusaciones, Glovo ha anunciado un cambio significativo en su modelo de negocio en España, adoptando un sistema basado en contratos laborales para los repartidores. Este modelo se implementará en todas las ciudades donde opera la plataforma, que superan las 900 en total.
La implicación del sindicato CGT y su postura ante el caso
El sindicato CGT ha decidido personarse en la causa penal contra Glovo, con el objetivo de combatir lo que consideran prácticas laborales abusivas. Según la organización, la compañía ha ignorado sentencias previas que establecen la relación laboral entre los ‘riders’ y la empresa, insistiendo en obligarlos a operar como autónomos. CGT sostiene que estas acciones privan a los trabajadores de derechos fundamentales previstos en la normativa laboral.
Desde el sindicato también advierten que estas prácticas podrían constituir delitos penales, con penas de hasta seis años de prisión y sanciones económicas significativas. Además, critican que Glovo ha implementado cambios cosméticos en sus modelos laborales para evadir responsabilidades legales, dejando a miles de repartidores sin las garantías del régimen general de la Seguridad Social.
El impacto económico y político del cambio de modelo de Glovo
El cambio en el modelo laboral de Glovo tendrá un impacto significativo en sus finanzas, según su matriz, Delivery Hero. La compañía estima que esta transición reducirá su Ebitda ajustado en aproximadamente 100 millones de euros para 2025. A esta cifra se sumarán contingencias que podrían elevarse hasta 770 millones de euros a finales de 2024, cubriendo impuestos, multas y otros pagos relacionados.
En el ámbito político, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aplaudido esta decisión como un avance en la regularización laboral. Según Díaz, más de 60.000 repartidores se verán beneficiados, consolidando esta medida como una de las más relevantes en materia laboral en España. La ministra también destacó que este cambio supone un mensaje claro para las plataformas digitales que operan en el país: ninguna tecnología está por encima de la ley.
