Una sentencia judicial obliga a un pensionista a devolver su incapacidad permanente por no notificar su actividad laboral
Recientemente, una sentencia ha puesto en evidencia las consecuencias de no notificar cambios en la situación laboral a la Seguridad Social. Un autónomo, que percibía una pensión por incapacidad permanente total, ha sido obligado a devolver la totalidad de las cuantías recibidas, tras descubrirse que continuaba con su actividad profesional sin haberlo comunicado, incumpliendo así la normativa vigente.
El caso: incumplimiento de notificación
El afectado, beneficiario de una pensión desde marzo de 2012, pertenecía al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA). Posteriormente, solicitó la ampliación de su pensión con un incremento del 20% por razón de edad, pero la Seguridad Social rechazó esta petición al comprobar que el trabajador era titular de una sociedad de responsabilidad limitada, lo que contravenía los requisitos de la prestación.
La normativa estipula que los beneficiarios deben informar sobre cualquier actividad profesional, ya sea por cuenta propia o ajena. El incumplimiento de esta obligación puede derivar en la extinción de la pensión y la obligación de reintegrar las cantidades percibidas.
Fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictaminó que el trabajador incumplió las normas al no notificar la reanudación de su actividad profesional. En su fallo, el tribunal destacó que el pensionista «omitió la obligación de comunicar la continuación de su actividad profesional», lo que implicó un incumplimiento fundamental para el mantenimiento de la pensión.
La sentencia recalca que, aunque es posible compatibilizar una pensión de incapacidad con una actividad laboral, esta compatibilidad depende de la transparencia en la comunicación y del cumplimiento de los requisitos de la Seguridad Social. En caso de omisión, se considera una acción irregular que conlleva la pérdida de la prestación.
Repercusiones para el sistema de pensiones
Este caso refleja el aumento de los controles por parte de la Seguridad Social sobre los beneficiarios de pensiones, especialmente en un contexto de envejecimiento de la población y el consiguiente incremento de los costes del sistema. Estas medidas afectan no solo a las pensiones de jubilación, sino también a prestaciones como la incapacidad permanente.
Este fallo judicial también sirve de advertencia para otros pensionistas sobre la importancia de informar a la Seguridad Social sobre cualquier cambio en su situación laboral. Un simple error administrativo o el desconocimiento de la normativa puede derivar en consecuencias económicas significativas, afectando la estabilidad de muchas familias.
Cumplir las obligaciones legales
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias subraya la necesidad de cumplir con las obligaciones legales en materia de pensiones. Aunque se permite la compatibilidad entre la pensión y una actividad profesional, es imprescindible que los beneficiarios actúen con regularidad y transparencia para evitar sanciones o la pérdida del derecho a la prestación.
