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Miguel Ángel Rodríguez en la picota: el PSOE lo denuncia por filtrar información de periodistas

Acusan al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso de revelar información obtenida por un escolta de la presidenta

El PSOE ha presentado una denuncia contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de revelación de secretos. Según el partido, Rodríguez habría compartido datos personales de dos periodistas del diario El País en un chat privado de periodistas. Los reporteros investigaban un ático vinculado a Ayuso y su pareja cuando la información personal fue divulgada.

De acuerdo con la denuncia, los datos, incluidos identificaciones y fotografías, fueron obtenidos por un escolta de la presidenta madrileña. Este agente de la Policía Nacional habría solicitado las credenciales de prensa de los periodistas durante su investigación, utilizándolas para generar la filtración.

Este hecho se suma a otros casos que han cuestionado la ética y transparencia del gobierno autonómico.

El caso genera tensiones entre el PSOE y el Gobierno de la Comunidad de Madrid

El PSOE denuncia que esta filtración pone en riesgo a los periodistas afectados y representa un ataque contra los principios democráticos. El acto se enmarca en un contexto de creciente tensión política, donde las investigaciones sobre posibles irregularidades en la gestión de Ayuso han ganado relevancia mediática.

Hasta el momento, ni Miguel Ángel Rodríguez ni el Gobierno de la Comunidad de Madrid han emitido declaraciones al respecto. Por su parte, el PSOE ha solicitado una investigación para esclarecer el papel del escolta y las circunstancias que llevaron a la difusión de los datos personales.

Libertad de prensa y privacidad, en el centro del debate

La denuncia resalta la importancia de garantizar la protección de los periodistas en el ejercicio de su labor y de salvaguardar la libertad de información. El caso pone de manifiesto la fragilidad de los derechos fundamentales frente a posibles abusos de poder, lo que reaviva el debate sobre la ética en la gestión pública.

Con esta acción legal, el PSOE busca no solo justicia para los periodistas afectados, sino también enviar un mensaje sobre la importancia de respetar la transparencia y el estado de derecho en España. El PSOE califica este acto como un atentado contra la privacidad y la libertad de prensa.

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