El sindicato acusa a Bárbara Rey de divulgar audios privados con el rey emérito, lo que podría suponer una pena de hasta cuatro años
El sindicato Manos Limpias ha presentado una querella contra Bárbara Rey por un presunto delito de revelación de secretos, en base al artículo 197 del Código Penal. La denuncia llegó tras la difusión de varios audios que revelan conversaciones privadas entre la exvedette y Juan Carlos I, rey emérito de España. Miguel Bernad Remón, secretario general del sindicato, presentó la querella en el Juzgado de Instrucción de Madrid, argumentando que Bárbara Rey vulneró la intimidad del monarca al obtener y publicar esos audios.
Según el artículo 197 del Código Penal, las autoridades podrían imponer penas de prisión de hasta cuatro años y multas de entre doce y veinticuatro meses por divulgar información privada sin el consentimiento de las partes involucradas. Ok Diario publicó inicialmente los audios, y otros medios los replicaron posteriormente.
La polémica continúa: más audios y vídeos comprometidos podrían salir a la luz
El escándalo no se detiene en la querella actual, ya que varios vídeos y audios comprometidos sobre la relación entre Bárbara Rey y Juan Carlos I aún no han visto la luz. Estos materiales, grabados en el domicilio de la exvedette, representan una amenaza latente para la imagen del rey emérito, según El País. Ángel Cristo Jr., hijo de Bárbara Rey, grabó estos vídeos, y el material grabado podría reavivar los escándalos relacionados con la vida privada del exmonarca.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tomó posesión de las cintas en su momento, pero no se descarta que circulen copias, como ocurrió con los audios y fotos que estuvieron en manos de varias personas durante años. La posible difusión de estos vídeos genera gran preocupación sobre el impacto que podrían causar en la ya dañada imagen del rey emérito.
Operación Persa: los intentos de silenciar a Bárbara Rey
La llamada Operación Persa buscó silenciar a Bárbara Rey para evitar que divulgara material comprometedores sobre su relación con el rey emérito. Diversas fuentes aseguran que la operación incluyó pagos secretos para impedir que las fotos, vídeos y audios relacionados con Juan Carlos I se hicieran públicos. Filtrar este material en los años noventa habría golpeado duramente a la Monarquía, lo que llevó a los gobiernos de Felipe González y José María Aznar a actuar para contener el escándalo.
A pesar de estos intentos por ocultar la relación entre Bárbara Rey y el rey emérito, la reciente publicación de audios y la posible existencia de más grabaciones mantienen viva la atención mediática, así como la preocupación por sus repercusiones en la estabilidad de la Corona.
