Txapote, Anboto y Kantauri entre los etarras que verían reducidas sus condenas por la nueva ley
La reforma de la Ley Orgánica 7/2014 sobre el intercambio de información de antecedentes penales y la consideración de resoluciones penales en la Unión Europea, aprobada recientemente en el Congreso, podría beneficiar a 45 presos de ETA, muchos de ellos condenados por delitos de sangre. Entre estos condenados se encuentran históricos dirigentes etarras como Txapote, Anboto y Kantauri, quienes podrían ver sus penas reducidas o incluso salir en libertad en los próximos años.
El cambio legislativo permite que las condenas cumplidas en otros países de la Unión Europea se descuenten de las penas impuestas en España. Esto implica que varios etarras que cumplieron parte de su condena en Francia podrían ver reducidas sus penas de prisión.
La posible salida de Txapote y Kantauri en 2025
Uno de los casos más polémicos es el de Xabier García Gaztelu, alias Txapote, condenado por doce asesinatos, incluido el del concejal del PP Miguel Ángel Blanco. Txapote cumpliría su condena en 2031, pero al restar los años que pasó en prisión en Francia, podría quedar libre en 2025. Su pareja, Irantzu Gallastegui, también conocida como Amaia, condenada por su implicación en varios asesinatos, podría quedar en libertad en 2026.
Otro etarra que se beneficiaría de esta reforma es José Javier Arizkuren Ruiz, alias Kantauri, quien fue condenado a 154 años de cárcel por su participación en el asesinato de Fernando Múgica, entre otros crímenes. Kantauri también cumplió parte de su condena en Francia, lo que le permitiría salir en libertad en 2025, seis años antes de lo previsto.
La indignación de las víctimas y la polémica política
La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha calificado esta situación como un despropósito y ha criticado duramente al Gobierno por permitir que se reduzcan las condenas de los terroristas de ETA. El PP ha exigido al Gobierno que retire este proyecto de ley, argumentando que es una traición a las víctimas del terrorismo. Aunque el Partido Popular ha intentado paralizar la aprobación definitiva de la ley, no ha logrado impedir que siga adelante en el Senado.
La polémica ha generado un intenso debate político y social en España, con sectores que ven esta reforma como una maniobra inaceptable para suavizar las penas de los condenados por terrorismo, mientras que otros defienden que se trata de una cuestión técnica sobre el reconocimiento de penas en la Unión Europea.
