Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, acumuló hasta 17 reuniones con Hacienda antes de ser denunciado por presunto fraude fiscal
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, tuvo hasta 17 reuniones con los inspectores de la Agencia Tributaria desde mayo de 2022 para dar explicaciones sobre el presunto doble fraude fiscal del que se le acusa. Los hechos delictivos habrían comenzado cuando González Amador facturó 2,3 millones de euros en 2020, a través de su empresa Maxwell Cremona, tras haber registrado ingresos mucho menores en años anteriores. A pesar de las múltiples oportunidades para aclarar la situación, la defensa legal de González Amador no respondió completamente a los requerimientos de Hacienda.
El caso tomó mayor trascendencia cuando se descubrió que el acusado había presentado facturas supuestamente fraudulentas, lo que complicó aún más su situación con Hacienda. Finalmente, en 2023, González Amador reconoció su “error” ante los inspectores y asumió los delitos, intentando llegar a un acuerdo para evitar el juicio.
La defensa de Isabel Díaz Ayuso y la ampliación de la batalla legal de González Amador
Ante la creciente repercusión política y mediática del caso, Isabel Díaz Ayuso ha salido públicamente en defensa de su pareja. Sin embargo, los informes de Hacienda muestran que el proceso de investigación comenzó mucho antes de que se supiera públicamente sobre su relación, lo que descarta una persecución dirigida desde el Gobierno.
Además del proceso judicial por fraude, González Amador ha ampliado su batalla legal contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros del Ejecutivo, acusándolos de injurias y calumnias. González Amador reclama una compensación de 100.000 euros a Sánchez y 50.000 euros al ministro Félix Bolaños por referirse a él como “delincuente confeso” durante un discurso público. La pareja de Díaz Ayuso considera que estos comentarios vulneran sus derechos fundamentales y han dañado su imagen pública.
La confrontación política y judicial continúa escalando
González Amador ha decidido llevar su lucha a los tribunales no solo contra Sánchez y Bolaños, sino también contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien también ha solicitado una conciliación por declaraciones similares. Este enfrentamiento legal refleja la creciente tensión política entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid, en un contexto donde los escándalos personales y la gestión pública se entrelazan en el debate mediático.
La resolución de este caso no solo afectará a González Amador, sino que podría tener un impacto significativo en la figura de Díaz Ayuso, cuyo liderazgo en la Comunidad de Madrid ha estado bajo escrutinio desde el inicio de esta investigación. Mientras tanto, la atención pública seguirá de cerca el desenlace de este conflicto legal y político, que sigue alimentando la confrontación entre las principales figuras del panorama político español.
