La ministra asegura que la iniciativa buscará promover vivienda asequible sin ser una constructora pública
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha explicado que la nueva empresa pública de vivienda, anunciada por el presidente Pedro Sánchez, se enfocará en garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. Según la ministra, el objetivo no será construir directamente, sino promover viviendas en colaboración con el sector privado, unificando los recursos del Estado para crear un parque público asequible.
La nueva empresa será una evolución de SEPES, la actual empresa pública de suelo, y contará con el apoyo de instituciones como el ICO y el Banco Europeo de Inversiones. Rodríguez ha señalado que esta transformación no requerirá un acuerdo del Consejo de Ministros y servirá para coordinar los esfuerzos de otras administraciones y empresas municipales destacadas, como las de Barcelona y Euskadi.
Un enfoque integral para aumentar el parque público de vivienda
Rodríguez ha subrayado que la nueva empresa pública integrará activos inmobiliarios del Estado, incluidas propiedades de la SAREB, en un intento por corregir los errores de políticas previas. El objetivo es intervenir directamente en la oferta de viviendas, aumentando su disponibilidad y accesibilidad tanto para la compra como para el alquiler. Esta estrategia se complementará con medidas regulatorias para controlar el precio del alquiler y prevenir fraudes relacionados con alojamientos turísticos.
La ministra ha confirmado que antes de fin de año entrará en vigor una normativa específica para pisos turísticos y de temporada, enfocada en proteger el uso residencial de la vivienda. Además, destacó la importancia de converger con los estándares europeos en términos de parque público de vivienda, algo en lo que España aún está rezagada. El plan también incluye la regulación del alquiler y un incremento en la construcción de vivienda social, con el objetivo de hacer frente al crecimiento de la población y los elevados precios del mercado.
Un modelo que busca blindar el uso social de la vivienda
La iniciativa presentada por Rodríguez está diseñada para proteger la vivienda como un derecho social, asegurando que su uso sea accesible para todos los ciudadanos. Este modelo no solo busca aumentar la cantidad de viviendas públicas, sino también garantizar que estas se destinen exclusivamente a fines residenciales y no a actividades especulativas. El papel de la nueva empresa será fundamental para evitar colisiones entre usos residenciales y turísticos.
Además, la normativa próxima a entrar en vigor contra los fraudes en los alquileres temporales reforzará el control sobre las viviendas, evitando conflictos con la vivienda habitual de los ciudadanos. Estas medidas, en conjunto, reflejan un esfuerzo coordinado entre diferentes niveles de gobierno e instituciones financieras para abordar el problema del acceso a la vivienda en España de manera estructural. Con una perspectiva a largo plazo, este proyecto busca reducir las desigualdades en el mercado inmobiliario y aumentar la estabilidad del sector.
