El Juzgado de Instrucción de Sevilla investigará los contratos de emergencia aprobados por la Junta de Andalucía durante la pandemia
El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha admitido a trámite la denuncia presentada por el PSOE de Andalucía contra Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, por presunta malversación y prevaricación. Estos contratos se llevaron a cabo sin publicidad, control ni concurrencia, lo cual ha levantado sospechas sobre un posible uso indebido de los recursos públicos.
Juan Espadas, secretario general del PSOE-A, ha señalado que estos contratos, realizados “a dedo y sin concurso”, han favorecido a la sanidad privada en detrimento de la pública. Para Espadas, es inadmisible que se hayan desviado recursos mientras la sanidad pública atravesaba su peor momento, con listas de espera al alza y un deterioro evidente de la calidad de atención. “Esperamos que se depuren responsabilidades penales llegado el caso”, afirmó Espadas, solicitando explicaciones en sede parlamentaria.
Contratos millonarios sin justificación
Hace aproximadamente un año, los auditores del SAS denunciaron el abuso de la contratación de emergencia en 2021, una práctica con la cual se llegaron a acuerdos por más de 300 millones de euros con empresas privadas, sin justificación aparente. El órgano fiscalizador del Gobierno andaluz calificó estas contrataciones como “indebidas”, ya que se llevaron a cabo sin las garantías de publicidad y competencia previstas por ley.
El SAS fue advertido en varias ocasiones por la Junta Consultiva de Contratación Pública . Ademas de la Consejería de Hacienda sobre la necesidad de limitar el uso de la contratación de emergencia. A situaciones verdaderamente excepcionales. No obstante, estos avisos fueron ignorados. Se mantuvo el uso de un procedimiento que no cumplía con los requisitos legales para justificar su urgencia, lo cual, según los interventores, vulneraba la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
Acusaciones de fraccionamiento abusivo
Las irregularidades no se limitan solo a la contratación de emergencia. En la última semana, ha salido a la luz que en 2021 la Consejería de Salud del gobierno de Juanma Moreno habría repartido de forma ilegal unos 458 millones de euros mediante contratos menores en varias provincias andaluzas, como Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén.
Por su parte, la Consejería de Salud ha reconocido algunas irregularidades, aunque ha defendido que los casos cuestionados representan solo una pequeña parte del total de contratos menores. Sin embargo, el reconocimiento de este abuso de los contratos menores refleja la falta de rigor en la gestión de los recursos públicos y alimenta aún más la controversia que rodea al Ejecutivo de Moreno Bonilla en materia sanitaria.
