Retraso en la activación de alertas y negligencia en la respuesta a la emergencia
La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha imputado a la exconsejera de Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, y al exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, por su gestión durante la DANA del 29 de octubre de 2024. Ambos enfrentan acusaciones por homicidio y lesiones por imprudencia, al considerar que la demora y errores en la activación de alertas de emergencia contribuyeron a la muerte de 225 personas y la desaparición de otras tres.
Según la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) debió activarse por la mañana, cuando los pronósticos ya alertaban de un riesgo extremo. Sin embargo, la reunión no se llevó a cabo hasta las 17:00 horas, retrasando medidas preventivas y la difusión de alertas a la población. Uno de los elementos clave de la imputación es el mensaje Es-Alert, enviado a las 20:11 horas, cuando la catástrofe ya había dejado numerosas víctimas y zonas devastadas. La jueza califica esta respuesta como “tardía y errónea”, señalando la posible responsabilidad de los imputados en la insuficiente gestión de la crisis.
Errores y omisiones en la respuesta institucional
📌 Alertas meteorológicas previas: Desde primeras horas del día, Aemet advirtió sobre la gravedad del temporal.
📌 Falta de reacción: Desde mediodía, el 112 recibió múltiples avisos, pero la Generalitat tardó horas en actuar.
📌 Consecuencias devastadoras: La ausencia de medidas a tiempo agravó el impacto de la DANA, considerada una de las mayores catástrofes climáticas en la Comunidad Valenciana.
Por el momento, la jueza ha descartado imputar al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aunque le ha notificado la causa debido a su condición de aforado, dándole la opción de personarse voluntariamente. La investigación sigue en marcha para determinar responsabilidades en una tragedia sin precedentes.
