En una revelación que ha conmocionado el panorama político de Andalucía, la Guardia Civil investiga una trama de corrupción que implica directamente al Partido Popular de Andalucía. El foco de esta investigación está en la localidad de Ronda, donde se han destapado prácticas que apuntan a malversación, falsedad documental y prevaricación
La investigación, dirigida por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Málaga, ha puesto bajo la lupa a la empresa pública de limpieza, Soliarsa. En informaciones de El Plural, se describe un escenario donde cajas fuertes, sobres y bolsas llenas de dinero eran medios para el presunto robo de dinero público y la oferta de puestos de trabajo por afinidad política.
Las implicaciones de estas acusaciones son profundas y directas, afectando no solo a la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández Lobato, sino también a figuras prominentes del PP andaluz como Juan Manuel Moreno Bonilla y Elías Bendodo. Las declaraciones obtenidas por la Guardia Civil revelan un sistema donde el dinero defraudado se repartía entre los implicados, una práctica que evidencia la corrupción arraigada en el seno de la empresa pública.
La alcaldesa y la empresa pública Soliarsa investigadas
La alcaldesa, María de la Paz Fernández Lobato, figura como la máxima responsable de Soliarsa, siendo la autoridad que aprobaba facturas y órdenes de transferencia. La Guardia Civil apunta a un desvío de fondos públicos y la creación de facturas y documentos falsos, así como a una falta de control en los procedimientos de contratación de empresas externas.
Los testigos han afirmado que desde la empresa pública se extraían bolsas de dinero, que contenían tanto monedas como billetes, y que este dinero defraudado se distribuía en sobres cerrados. La investigación ha revelado que órdenes de transferencias y facturas fueron firmadas por la alcaldesa, lo que la coloca en el centro de la trama.
Amenazas y respuesta del Ayuntamiento. Tras la publicación de estas revelaciones, el Ayuntamiento de Ronda ha amenazado con denunciar a ElPlural.com, manteniendo su postura defensiva. En un comunicado oficial, el Ayuntamiento ha destacado que tanto Fernández Lobato como la exalcaldesa María Teresa Valdenebro Ríos están siendo investigadas no por participación directa, sino debido a su papel en el consejo de administración de Soliarsa durante el período investigado.
El Ayuntamiento enfatiza que no se acusa a las alcaldesas de estar involucradas o tener conocimiento de las actividades denunciadas. Según su comunicado, la investigación tiene su origen en una auditoría realizada en 2018 y 2019, encargada por el gobierno del PP tras asumir la Alcaldía. Se destaca que Mari Paz Fernández tomó posesión de su cargo a mediados de junio de 2019, y que las responsabilidades de los años anteriores corresponden al PSOE.
El Ayuntamiento afirma que tras la auditoría, se adoptaron medidas inmediatas para corregir las deficiencias detectadas. Añade que la alcaldesa, al igual que su predecesora socialista, fue llamada a declarar por ser presidenta del consejo de administración durante parte del período investigado, sin que se le impute haber realizado ninguna actuación ilícita.
Recurso de la alcaldesa del PP
La alcaldesa ha recurrido la resolución judicial que acordaba su citación, esperando una resolución del Juzgado. El Ayuntamiento asegura que la alcaldesa no intervino en los procedimientos de contratación de trabajadores, y desmiente que haya dado trato de favor en la contratación de ninguna persona.
El comunicado concluye anunciando que se ha dado instrucciones a los abogados para interponer una querella ante la Fiscalía por la divulgación de datos personales y las calumnias vertidas, confiando en que la Justicia disipe cualquier sospecha de responsabilidad de la alcaldesa.
En resumen, la situación en Ronda es un claro reflejo de cómo las prácticas corruptas pueden infiltrarse en las estructuras políticas y públicas, generando un clima de desconfianza y cuestionamiento hacia las autoridades. La investigación de la Guardia Civil sigue su curso, y será el sistema judicial el que determine las responsabilidades y consecuencias de esta compleja trama.
