El Partido Popular presenta un plan para agilizar los desalojos de ocupaciones ilegales y aumentar las penas correspondientes
El Partido Popular ha anunciado una propuesta para reducir el plazo de desalojo forzoso de los ocupantes ilegales a un máximo de 48 horas. Esta medida, que se incluye en una nueva Ley de Vivienda que está preparando el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, tiene como objetivo establecer un procedimiento rápido para la recuperación de inmuebles. Se prevé que los agentes de la autoridad ejecuten el desalojo de forma inmediata una vez vencido el plazo.
Además, el plan contempla modificar el artículo 269 del Código Penal para impedir que los ocupantes ilegales puedan empadronarse en la vivienda. Esta reforma responde a la preocupación del Partido Popular por el incremento de delitos relacionados con la okupación, que alcanzan los 17.000 casos al año según fuentes del partido.
Reformas legales para endurecer las penas a los ocupantes
Las medidas que presenta el Partido Popular no son completamente nuevas, ya que en febrero se llevó un plan similar al Senado. Esta propuesta incluía reformas al Código Penal para imponer penas de hasta tres años de prisión dependiendo de la gravedad de la ocupación. También se propone una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los delitos de allanamiento y usurpación puedan ser procesados mediante juicios rápidos.
Asimismo, la reforma incluye cambios en la Ley del Tribunal del Jurado con el fin de evitar que estos delitos sean juzgados por un jurado popular. La intención del Partido Popular es reforzar el carácter disuasorio de las sanciones y agilizar los procesos judiciales, lo cual consideran fundamental para abordar la problemática de la okupación en España.
Nuevas propuestas fiscales para favorecer a los propietarios
En paralelo, el Partido Popular también presenta varias medidas fiscales destinadas a incentivar el alquiler de viviendas en desuso. Entre estas, se incluyen bonificaciones para propietarios que alquilen viviendas vacías, así como deducciones en el IRPF para quienes formalicen contratos de arrendamiento de inmuebles que lleven al menos dos años sin uso. También habrá exenciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para aquellos familiares que ayuden a jóvenes a adquirir una vivienda.
El plan contempla además fomentar la construcción a través de la eliminación de trabas burocráticas, facilitando así el acceso a suelo para empresas del sector. Estas medidas buscan aumentar la oferta de viviendas disponibles y, con ello, contribuir a solucionar el problema del acceso a la vivienda en España.
