Bruselas impulsa proyectos estratégicos de minería, pero serán las autonomías quienes tengan la última palabra
La Comisión Europea ha presentado este martes su ambicioso plan para reforzar la autonomía estratégica de la Unión Europea en materias primas críticas. Se trata de la Ley Europea de Materias Primas Críticas (CRMA), un marco legal con el que Bruselas quiere fomentar la reapertura y desarrollo de minas clave en países como España, orientadas a abastecer las necesidades de sectores como la transición energética, el desarrollo digital y la industria de defensa y aeroespacial.
Entre los proyectos destacados figuran yacimientos de litio, cobalto, níquel o titanio, esenciales para la fabricación de baterías, paneles solares, semiconductores y componentes de aviación. La novedad es que estos proyectos recibirán un impulso institucional, financiero y procedimental por parte de la UE. No obstante, en el caso español, la decisión final recae en las comunidades autónomas, que ostentan las competencias en minería, medio ambiente y concesiones de explotación. De ellas dependerá si un proyecto se aprueba… o se paraliza.
Competencias, plazos y obstáculos: el reto de acelerar sin perder control
Bruselas pretende reducir radicalmente la burocracia: 27 meses como máximo para aprobar una extracción y 15 para reciclaje o procesamiento. Hoy en día, el proceso puede dilatarse hasta quince años, según Manuel Regueiro, experto del CSIC. Esto coloca a España en una encrucijada: cuenta con recursos estratégicos en su territorio, pero arrastra una lenta tramitación administrativa, que podría frenar su aportación al objetivo europeo de autonomía en materias primas.
La normativa, además, establece que los Estados miembros podrán bloquear proyectos estratégicos si así lo deciden, manteniendo su soberanía sobre el territorio. En este contexto, el papel de las autonomías será decisivo. La velocidad de respuesta y capacidad técnica de los gobiernos regionales determinarán el éxito o el fracaso de estas inversiones.
El modelo europeo busca emular iniciativas como la orden ejecutiva firmada por Donald Trump en EE. UU., que fijó plazos de apenas diez días para priorizar proyectos estratégicos, eliminando trabas legales y desbloqueando financiación pública. El temor compartido es el mismo: el control de China sobre la extracción y transformación de estos materiales.
