El Tribunal Supremo investigará al fiscal general del Estado y a la fiscal jefa de Madrid por la filtración de datos confidenciales de una investigación fiscal
El Tribunal Supremo ha decidido, por unanimidad, abrir una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. El caso está relacionado con la difusión de información confidencial sobre una investigación tributaria y falsedad documental que involucra a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El tribunal también investigará a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, quien habría enviado los datos al fiscal general. Aunque Rodríguez no es aforada, el tribunal ha determinado que ambos casos están vinculados, lo que impide llevar a cabo investigaciones separadas.
El proceso judicial investiga la filtración de información clave
La causa se inició después de que una nota informativa, con membrete de la Fiscalía provincial de Madrid, se difundiera el 14 de marzo de 2024, revelando detalles de las diligencias penales relacionadas con la investigación de González Amador. El tribunal considera que la conducta de los fiscales puede encajar en el delito de revelación de secretos, según el artículo 417 del Código Penal.
El delito investigado se centra en la divulgación de información confidencial que los fiscales conocieron en el ejercicio de sus funciones, pero que no debían compartir públicamente. La Sala también señaló que el fiscal del caso reveló los correos electrónicos intercambiados con el abogado del investigado horas antes de que emitieran la nota de prensa, lo que refuerza las sospechas de una filtración indebida.
El tribunal analizará el grado de participación de los fiscales en la revelación de secretos
El Tribunal Supremo destacó que varios medios de comunicación ya habían sacado a la luz la información de la nota informativa días antes. Sin embargo, la investigación se centrará en cómo los medios accedieron a los correos confidenciales entre el fiscal y el abogado del investigado.
Aunque el posible perjuicio al derecho de defensa del investigado aún no está claro, el tribunal considera que las revelaciones podrían haber afectado su derecho a la presunción de inocencia. Por ello, se ha decidido abrir diligencias de investigación para confirmar o descartar la participación de los fiscales en este caso.
