El Tribunal Constitucional frena temporalmente los recursos de las comunidades autónomas contra la ley de amnistía, mientras evalúa su legitimidad.
El Tribunal Constitucional ha suspendido provisionalmente todos los recursos de inconstitucionalidad presentados por varias comunidades autónomas contra la ley de amnistía. La razón principal es la necesidad de evaluar si estas regiones tienen legitimidad para impugnar una ley de esta naturaleza. Dicha ley no afecta directamente sus competencias, según el marco legal establecido.
La magistrada Laura Díez será la encargada de presentar al pleno un informe preliminar, elaborado por un equipo de letrados, que determinará si los recursos autonómicos son admisibles. La decisión que tome el tribunal en este caso sentará precedentes para los demás recursos que se han presentado por diferentes comunidades.
Los escenarios que analiza el Tribunal Constitucional
La decisión sobre la admisión o no de estos recursos plantea tres posibles escenarios. Uno de ellos es que los magistrados acepten los recursos, reconociendo la legitimidad de las comunidades para impugnar la ley. En el caso contrario, se podría determinar que los gobiernos autonómicos no tienen competencia para intervenir en la legalidad de esta norma, por su naturaleza penal.
El tercer escenario sería una admisión parcial, en la que la cuestión de la legitimidad se resolvería en la sentencia definitiva del tribunal. Mientras tanto, la tramitación de estos recursos, incluidos los del PP y el de Castilla-La Mancha, sigue en suspensión, a la espera de un fallo.
La decisión del Supremo sobre la ley de amnistía
Además del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo también ha abordado la constitucionalidad de la ley de amnistía. Este tribunal ha admitido a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Penal. Esta decisión implica la suspensión temporal de la aplicación de la ley hasta que el tribunal emita un fallo definitivo.
El Supremo, además, ha aceptado la abstención del magistrado Juan Carlos Campo, quien había manifestado su opinión sobre la inconstitucionalidad de la amnistía mientras ejercía como ministro de Justicia. El caso involucra a figuras clave como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, quienes se verán afectados por la resolución final del tribunal.
