El tribunal ha pospuesto la redacción y publicación del fallo sobre la condena dictada en 2021 por la Audiencia Nacional
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo tiene una norma no escrita que evita publicar sentencias que afecten a dirigentes o partidos en periodos electorales. Esta tradición se remonta a 1994 y ha sido cumplida habitualmente, según magistrados del Supremo. Debido a esta norma, la sentencia sobre los recursos presentados contra el fallo de 2021 que condenó a Luis Bárcenas ha sido aplazada.
En enero, el Supremo notificó a las partes que cinco magistrados se reunirían en abril para deliberar sobre los recursos. Sin embargo, la convocatoria de elecciones autonómicas en el País Vasco y Cataluña llevó a la Sala a posponer la redacción y publicación del fallo hasta después de las elecciones europeas del 9 de junio. El objetivo era evitar que el PP sufriera algún coste electoral por una sentencia que confirmara hechos graves relacionados con la corrupción política.
Contexto de la sentencia y las implicaciones políticas
La sentencia de la Audiencia Nacional en 2021 condenó al extesorero del PP Luis Bárcenas a dos años de cárcel por pagar con dinero negro parte de las obras de reforma en la sede del partido. La sentencia acreditó la financiación ilegal del PP y condenó al partido como responsable civil subsidiario. El PP, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, desistió del recurso ante el Supremo que había presentado durante el mandato de Pablo Casado.
El relato de hechos probados de la sentencia sostiene que Bárcenas gestionó fondos en metálico aportados al PP como donaciones privadas a través de una contabilidad paralela. Parte de estos ingresos fueron registrados de manera fraccionada para no superar los límites legales, lo que evitó su fiscalización por el Tribunal de Cuentas. La sentencia condenó al PP a reintegrar a la Hacienda Pública 123.669 euros por haberse beneficiado de la cuota defraudada en 2007.
La decisión del Supremo y su impacto
La decisión del Supremo de posponer la sentencia refleja su compromiso de no interferir en procesos electorales. Esta práctica evita que las resoluciones judiciales influyan en el resultado de las elecciones, manteniendo la imparcialidad y la integridad del proceso electoral.
A pesar de la polémica, esta medida permite que las elecciones se desarrollen sin la influencia de decisiones judiciales que puedan afectar la percepción pública de los partidos involucrados. Sin embargo, también destaca la necesidad de abordar de manera efectiva y oportuna los casos de corrupción política para fortalecer la confianza en el sistema judicial y político.
