Un inesperado pacto fiscal que sacude la política española
En un movimiento inesperado, el Partido Popular (PP) y Junts protagonizaron un acuerdo que establece la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, fijado actualmente en un 7%. Este pacto, que también contó con el apoyo de Vox, ERC y PNV, descolocó al Gobierno de Pedro Sánchez, que intentó bloquear su tramitación en el Congreso de los Diputados.
La medida, impulsada por el PP y Junts, propone reducir el impuesto al 0% siempre que no haya déficit de tarifa, con un ahorro estimado de 1.100 millones de euros. Según cálculos populares, las familias ahorrarían 400 millones, las pymes 500 millones y las grandes industrias 200 millones. Aunque el impacto individual en las facturas de los hogares es modesto (alrededor de 1,64 euros al mes), el beneficio colectivo es significativo, especialmente para los sectores productivos.
El acuerdo también incluye medidas para la industria de cogeneración, alineadas con el plan estratégico de Alberto Núñez Feijóo, reforzando la agenda económica del PP centrada en la competitividad empresarial y la rebaja fiscal.
¿Una alianza o coincidencia estratégica?
Desde Génova, el PP insiste en que no se trata de una estrategia formal de alianza con Junts, sino de una “coincidencia programática”. Sin embargo, este pacto recuerda al histórico Pacto del Majestic de 1996 entre el PP de José María Aznar y CiU, que marcó hitos en la financiación autonómica y el traspaso de competencias.
A pesar de las tensiones generadas por el procés y la reciente ley de amnistía, la coincidencia en materia económica entre el PP y Junts ha facilitado este acercamiento. Para el PP, este acuerdo no solo refuerza su imagen como partido capaz de negociar con distintos actores, sino que también representa un paso hacia el establecimiento de nuevas alianzas estratégicas en el futuro.
La reacción del Gobierno: freno y preocupación
El Gobierno argumentó que la medida supondría una pérdida de ingresos de 1.500 millones de euros, e intentó frenarla aplazando sin fecha la Comisión de Transición Ecológica. Mientras tanto, PSOE y Sumar buscan ganar tiempo para retomar el texto original de la ley o convencer a ERC de retirar su apoyo a la enmienda.
Desde el PP, aseguran que este acuerdo es solo el principio de una colaboración más amplia con Junts, cuyo papel en el Congreso es decisivo para formar mayorías. Este pacto podría abrir la puerta a futuras negociaciones que aprovechen la posición estratégica de Junts para presionar tanto al Gobierno como al principal partido de la oposición.
Implicaciones políticas de este acercamiento
El acuerdo llega en un momento delicado para el Ejecutivo de Sánchez, cuya dependencia de sus socios parlamentarios se hace cada vez más evidente. La amenaza de una cuestión de confianza sugerida por Carles Puigdemont añade presión al Gobierno, mientras el PP busca consolidar su imagen como alternativa viable y capaz de dialogar con distintos partidos.
En el Senado, el PP continuará impulsando medidas como rebajas fiscales y ayudas a jóvenes y afectados por la DANA, confiando en mantener el apoyo de Junts. El próximo pleno del 18 de diciembre será clave para evaluar si este acercamiento se traduce en una colaboración más estable.
Mientras algunos ven esta alianza como una oportunidad para avanzar en temas económicos de interés común, otros consideran que podría ser el inicio de un reposicionamiento estratégico en el mapa político español, con implicaciones para futuros pactos parlamentarios.
