El nacionalismo catalán cambia de parecer y se decanta por una independencia fiscal
Los partidos nacionalistas catalanes han planteado una estrategia diferente para sacar rédito a una posible investidura de Pedro Sánchez. La idea es obtener mayores beneficios económicos para su región sin comprometer la independencia política. En lugar de enfocarse en la independencia política, que saben que no es posible al menos en el corto plazo, se centran en la independencia fiscal.
Lo que piden es un modelo similar al fuero que disfrutan actualmente el País Vasco y Navarra. Esta estrategia busca que Madrid asuma la mayor parte de la carga de la solidaridad interterritorial, permitiendo así a Cataluña tener un mayor control sobre su presupuesto y gasto público.
El plan de los nacionalistas catalanes para exprimir a Sánchez
La independencia fiscal se presenta como una forma de mantener una relación de confianza con el Gobierno central. Esto permitiría a Cataluña obtener más beneficios económicos para su región sin renunciar al apoyo que el Partido Socialista (PSOE) de Pedro Sánchez proporciona a su gobierno.
La idea de la independencia fiscal no es nueva en Cataluña. Ya en 2012, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, tuvo el Pacto Fiscal con el objetivo de obtener una financiación más favorable para la región. Sin embargo, esta declaración propuesta fue rechazada por el Gobierno central, lo que desencadenó el inicio del proceso independentista y culminó con la fallida proclamación de independencia en 2017.
Oportunidad única para el nacionalismo catalán
En el contexto actual, con el PSOE necesitando apoyo para estabilizarse en el poder, el nacionalismo catalán ve una oportunidad única para conseguir concesiones a través de la independencia fiscal. El PSOE ha mostrado interés en un modelo de “federalismo asimétrico” que podría otorgar a Cataluña un trato fiscal especial, similar al que disfrutan el País Vasco y Navarra, con el objetivo de asegurar el apoyo de los partidos catalanes en el Congreso de los Diputados.
Conceder la independencia fiscal a Cataluña es un desafío significativo para el Gobierno central. Si Cataluña obtiene una mayor autonomía fiscal, esto implicaría que Madrid asumiría una carga más pesada en la “solidaridad interterritorial”. Esto podría tener repercusiones tanto en la economía como en el bienestar de otras comunidades autónomas, lo que genera preocupaciones y resistencias por parte de algunas fuerzas políticas y regiones.
