Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, enfrenta una investigación judicial por presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental. Citado por quinta vez, acudió al juzgado de Madrid pero se acogió a su derecho a no declarar
Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, se presentó este lunes en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid para declarar ante la jueza Inmaculada Iglesias. Sin embargo, decidió acogerse a su derecho a no declarar. La magistrada investiga al empresario por dos presuntos delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental, relacionados con las declaraciones del impuesto de sociedades de 2020 y 2021. La Fiscalía, tras un informe de Hacienda, estima que el imputado habría evadido 155.000 euros en el primer año y 195.951 euros en el segundo. La citación de este lunes fue la quinta convocada; las anteriores fueron pospuestas por distintos motivos.
La defensa de González Amador, liderada por Carlos Neira, intentó aplazar nuevamente la declaración alegando un recurso de apelación pendiente en la Audiencia Provincial de Madrid. Según los abogados, testificar antes de la resolución vulneraría los derechos de defensa de su cliente. No obstante, la jueza rechazó la solicitud, lo que llevó al empresario a ejercer su derecho al silencio. La comparecencia duró menos de una hora y González Amador abandonó los juzgados sin hacer declaraciones públicas.
La investigación señala presuntas facturas falsas y delitos fiscales durante la pandemia y el año siguiente
La investigación, que comenzó hace más de un año, se basa en un informe de la Agencia Tributaria que alertó al Ministerio Público sobre posibles irregularidades en las cuentas de González Amador. El empresario está acusado de crear facturas falsas por servicios inexistentes con la intención de reducir sus obligaciones tributarias. La jueza analiza estas conductas bajo los artículos 305.1 y 392.1 del Código Penal, que castigan el fraude fiscal y la falsedad en documento mercantil. Junto a él, otras cuatro personas están investigadas: Maximiliano Eduardo N.G, David H.L, Agustín C.S y José Miguel C.S.
El caso se volvió mediático cuando se filtró un intercambio de correos entre la defensa y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto. En uno de los mensajes, enviado en febrero de 2024, la defensa reconocía la culpabilidad de su cliente y planteaba la posibilidad de un acuerdo que evitara la cárcel. La publicación de esa conversación generó controversia, al punto de implicar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien enfrenta ahora un proceso judicial inédito en la democracia española.
La tensión política y judicial crece mientras la causa avanza con incertidumbre sobre las próximas decisiones
Este caso no solo afecta a González Amador, sino que también ha desatado un revuelo político al involucrar a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La oposición ha exigido explicaciones, mientras Ayuso guarda silencio. Por su parte, la Fiscalía mantiene que su actuación ha sido correcta, pese a la investigación abierta contra García Ortiz por la filtración de la correspondencia con la defensa.
Sin duda, el proceso judicial dependerá de la resolución del recurso de apelación y de las nuevas diligencias que la jueza pueda ordenar en las próximas semanas. Mientras tanto, la tensión sigue creciendo tanto en los tribunales como en el escenario político. La expectación en torno a las próximas decisiones judiciales es máxima, con la opinión pública de Bizkaia y del resto de España atenta a cada movimiento.
