a nueva pieza sobre presunta corrupción en la venta de mascarillas complica el acuerdo judicial de Alberto González Amador para evitar la cárcel
La situación de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se agrava a medida que la justicia investiga un presunto caso de corrupción relacionado con la compra-venta de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía acusa a González Amador de defraudar más de 350,000 euros en 2020 y 2021, utilizando facturas falsas para reducir el pago del Impuesto de Sociedades de su empresa, Maxwell Cremona.
Sin embargo, una nueva pieza separada que investiga supuestos delitos de corrupción en torno a la compra-venta de mascarillas ha cambiado el panorama, poniendo en riesgo dicho acuerdo. Esta investigación excede el caso de fraude fiscal, por lo que ahora el pacto que González Amador estaba negociando podría desmoronarse si se añaden nuevos cargos.
PSOE y Más Madrid impulsan la investigación sobre el negocio de mascarillas
La posibilidad de firmar el pacto de conformidad para eludir la prisión se complicó cuando el PSOE y Más Madrid solicitaron a la jueza la ampliación de la causa para investigar las actividades de González Amador en la compraventa de mascarillas durante la crisis sanitaria. Ambos partidos han argumentado que estas operaciones podrían haber sido una estrategia para obtener comisiones, superando los dos millones de euros.
La jueza, inicialmente reacia, finalmente aceptó el recurso y ha abierto una pieza separada para analizar las interacciones de González Amador en este contexto. La nueva causa no impide la firma del acuerdo fiscal, pero de confirmarse las sospechas de corrupción, la situación legal de González Amador podría agravarse considerablemente. Este nuevo giro en la investigación podría cambiar el rumbo del caso, complicando los términos del acuerdo inicial.
Un futuro incierto con posibles consecuencias penales
La creación de esta nueva pieza judicial pone en peligro la posibilidad de que González Amador evite la prisión. Aunque no tiene antecedentes y está dispuesto a pagar su condena, una sentencia por corrupción en esta segunda causa podría complicar su situación y añadirle una pena considerable.
La combinación de la situación fiscal original con la reciente apertura de la pieza de corrupción crea un escenario en el que el empresario enfrenta un riesgo elevado de prisión. A medida que la investigación avanza, surgen nuevas preguntas sobre el impacto que este caso podría tener en la trayectoria judicial de González Amador, quien podría enfrentar serias implicaciones legales en los próximos meses.
