El líder de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, no será investigado por el Tribunal Supremo debido a la falta de indicios de responsabilidad penal
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama, ha aceptado tres denuncias presentadas contra la plataforma de inversiones Madeira Invest Club, cuyo fundador, Álvaro Romillo, alias “CryptoSpain”, está vinculado al eurodiputado Alvise Pérez. Acusan a Romillo y a otros administradores de llevar a cabo una presunta estafa piramidal.
Sin embargo, el magistrado ha rechazado inhibirse al Tribunal Supremo para investigar al líder del partido Se Acabó la Fiesta, como solicitaron los demandantes, debido a la falta de indicios suficientes de responsabilidad penal. En el auto, el juez Calama especificó que no basta con la simple atribución de un posible delito a un aforado para remitir la causa al Supremo. “La exposición debe ser lo suficientemente exhaustiva para delimitar con claridad los hechos y su alcance”, declaró el magistrado.
Los acusados y las asociaciones demandantes
José Luis Calama también admitió las querellas presentadas por varias asociaciones, incluyendo la Asociación Nacional para la Defensa del Consumo Español de Servicios y la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas. El juez concluyó que existen indicios de fraude que podrían ser constitutivos de un delito de estafa, competencia exclusiva de la Audiencia Nacional debido al número de afectados y al volumen de lo defraudado.
Desde el bufete Aránguez Abogados, que representa a la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, se calcula que el fraude alcanzaría los 300 millones de euros y que más de 500 personas estarían afectadas. Romillo, conocido como “CryptoSpain”, se promocionaba como un experto en criptomonedas y elusión fiscal, usando estos conocimientos para atraer inversores.
Las tácticas de la estafa y la implicación de Alvise Pérez
“Este era el gancho para ofrecer todo tipo de publicidad agresiva y marketing falso, buscando atrapar a los inversores en operaciones de alta cuantía, en promedio de 100.000 euros”, detalló Zaballos Abogados. Se estima que el fraude asciende a más de 11 millones de euros, superando la frontera de los 7 millones que establece el Tribunal Supremo como parámetro para atribuir la competencia a la Audiencia Nacional.
Por el momento, el caso de Madeira Invest Club sigue adelante, pero la investigación sobre Alvise Pérez queda limitada a los recursos disponibles en la Audiencia Nacional, a la espera de pruebas más concretas que puedan justificar su traslado al Tribunal Supremo.
