Sanidad declara no tener responsabilidad en las víctimas de efectos adversos de las vacunas del covid-19
El Ministerio de Sanidad ha adoptado una postura de distanciamiento frente a las víctimas de efectos adversos graves tras la administración de las vacunas de Spikevax-covid 19 de Moderna, argumentando que la vacunación fue un acto voluntario y con consentimiento informado. El ministerio sostiene que no procede atribuir responsabilidad patrimonial a las administraciones públicas.
La respuesta del Gobierno ha generado controversia, especialmente entre las víctimas afectadas por miocarditis tras la vacunación. Aunque la Aemps había informado previamente sobre los posibles riesgos, muchos cuestionan si la divulgación fue suficiente para un entendimiento claro del público general.
Jurisprudencia y principios de solidaridad en debate
El debate se intensifica con las apelaciones a la jurisprudencia y al principio de solidaridad, citados por Luis María Pardo, abogado de una de las víctimas. Pardo argumenta que, según decisiones previas del Tribunal Supremo, la sociedad debe asumir los daños producidos por la materialización de un riesgo inherente a programas de vacunación, aun cuando estos casos sean extremadamente raros.
La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea apoya esta posición, sosteniendo que la sociedad, y no el perjudicado, debería objetivamente asumir el riesgo. Esto sugiere que las políticas de compensación podrían necesitar ajustes para reflejar estos principios de equidad y solidaridad, más allá de las defensas legales basadas en el consentimiento informado.
Reclamaciones y la espera de justicia
Mientras el procedimiento administrativo se estanca y el Ministerio de Sanidad bajo la dirección de Mónica García se enfrenta a críticas por su manejo del caso, las víctimas y sus familias esperan resolución. La demanda, que asciende a dos millones de euros, sigue sin resolverse después de más de dos años, exacerbando la frustración de los afectados.
El retraso en la resolución de las reclamaciones patrimoniales y la aparente falta de apoyo institucional a las víctimas ha generado un clima de desconfianza hacia las autoridades sanitarias. Este caso subraya la necesidad crítica de transparencia y eficacia en el manejo de los efectos adversos de las vacunas, así como de un sistema de compensación justo y accesible para quienes sufren consecuencias graves.
