Las denuncias y el control de la Agencia Tributaria han logrado reducir el fraude del diésel, aunque el sector reclama más acciones
El fraude del diésel, que había alcanzado niveles alarmantes en España, comienza a mostrar signos de contención. Durante los últimos dos años, el fraude afectó a más del 8% de las estaciones de servicio, pero ahora se ha reducido a cerca del 3%. Este descenso se debe en parte a las denuncias del sector y al mayor control ejercido por la Agencia Tributaria. Sin embargo, expertos advierten que aún existen alrededor de 356 estaciones que ofrecen precios notablemente inferiores a los del mercado, en su mayoría correspondientes a marcas blancas, cooperativas y grandes superficies.
El modus operandi de los defraudadores sigue un patrón común: crean distribuidoras ficticias que venden el combustible por debajo del precio de mercado, pero desaparecen antes de pagar el IVA o los impuestos especiales correspondientes. Este fraude afecta gravemente al sector, que ya ha pedido medidas más estrictas para combatir esta práctica.
Las petroleras reclaman más supervisión y medidas preventivas
Las principales asociaciones del sector, como la Asociación Operadores Petrolíferos (AOP) y la Confederación Española de Estaciones de Servicios (CEEES), se reunieron con Hacienda para exigir más controles y una mayor rapidez en la aplicación de sanciones. Entre las propuestas planteadas se encuentra el pago anticipado de impuestos cuando el producto sale del depósito fiscal, una medida que, según el sector, podría ayudar a reducir el fraude.
No obstante, algunos pequeños operadores mayoristas, agrupados en la Asociación de Operadores Petrolíferos y Distribuidores Españoles, han criticado las medidas propuestas por considerarlas favorables a los grandes operadores. Argumentan que los avales exigidos son difíciles de cubrir para las compañías más pequeñas, lo que podría consolidar el dominio de las grandes empresas del sector.
El fraude sigue causando pérdidas millonarias
A pesar de la reducción reciente, el fraude en el sector de los hidrocarburos sigue generando un agujero económico significativo. Las principales asociaciones estiman que las pérdidas por fraude ya superan los 1.000 millones de euros, representando entre el 25% y el 30% de las ventas del sector.
El Gobierno incluyó una serie de medidas para combatir el fraude en el Real Decreto Ley 8/2023, pero la falta de avance en el Congreso ha llevado a las petroleras a explorar otras normativas que puedan aprobarse más rápidamente para contener la problemática.
