La normativa sobre registro de datos para hospedaje y alquiler de vehículos entrará en vigor el 2 de diciembre, pese a la presión de los sectores afectados
El Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado que el próximo 2 de diciembre entrará en vigor el Real Decreto 933 de 2021, a pesar de las numerosas críticas recibidas y las presiones de operadores turísticos y empresas de alquiler de vehículos. Esta normativa establece las “obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor”, obligando a recopilar una gran cantidad de datos de los usuarios. La medida ha generado una gran controversia, especialmente entre las empresas del sector, que argumentan la dificultad de adaptarse a la nueva normativa.
Este decreto debía entrar en vigor en abril de 2022, pero la incapacidad de los operadores para adaptar sus sistemas obligó a posponer su aplicación. Sin embargo, esta vez el Ministerio ha decidido que no habrá más prórrogas, a pesar de las quejas y las dificultades expuestas por el sector. Operadores y asociaciones del sector se han mostrado incapaces de gestionar la avalancha de datos que se requiere, lo que ha hecho que califiquen la normativa de excesiva y de difícil implementación, además de cuestionar el impacto sobre la privacidad de los turistas.
Justificación y sanciones para quienes no cumplan
El Real Decreto 933 establece la obligación de registrar hasta 43 datos para cada huésped en alojamientos, ya sean profesionales o particulares, y 64 referencias para los alquileres de vehículos. Entre la información que se debe proporcionar se incluyen aspectos como el correo electrónico, el número de habitaciones, la fecha del pago de la reserva, e incluso si la habitación tiene acceso a internet o la relación entre los viajeros. En el caso de los vehículos de alquiler, el registro debe incluir datos como si el coche dispone de GPS o la distancia recorrida.
El Ministerio del Interior justifica la necesidad de este registro con la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como “ley mordaza”, aprobada en 2015. Según el decreto, recopilar esta información es fundamental para conocer el “modus operandi” de actores que representen una amenaza para la seguridad ciudadana, ya sea por actividades terroristas o por crimen organizado. Además, el decreto contempla sanciones graves para aquellos que no cumplan con el registro documental, con multas que van desde 601 hasta 30.000 euros por la carencia de los registros previstos o la omisión de las comunicaciones obligatorias. Las faltas leves, como las irregularidades en la cumplimentación de los registros o comunicaciones fuera de plazo, serán sancionadas con multas que oscilan entre 100 y 600 euros.
Posturas enfrentadas sobre el futuro del turismo
Pese a las explicaciones del Ministerio del Interior, el sector turístico, tanto en España como a nivel internacional, ha mostrado una postura claramente contraria a la aplicación de la normativa. Desde el Consejo de Turismo de la CEOE hasta la Mesa del Turismo y organizaciones europeas como ECTTA han manifestado su preocupación por la desproporcionada cantidad de datos requeridos, además de la invasión a la privacidad de los clientes y el incremento de la carga de trabajo para empresas que, en muchos casos, son pymes sin recursos tecnológicos suficientes para cumplir con la normativa.
El principal problema señalado por los operadores radica en la complejidad de la información requerida y en la falta de adecuación de las herramientas tecnológicas disponibles para gestionarla. Los continuos fallos de la plataforma del Ministerio del Interior, calificada de obsoleta por las empresas, representan un obstáculo significativo para cumplir con las nuevas obligaciones. Además, muchos argumentan que la presión adicional de estos requisitos afectará negativamente a la competitividad del sector, especialmente en un contexto donde la recuperación del turismo tras la pandemia aún está en marcha. Grande-Marlaska, sin embargo, mantiene que la normativa garantiza tanto la privacidad como la seguridad de los ciudadanos y que la implementación de estas medidas debe llevarse a cabo sin más dilaciones.
