El tribunal considera que la condena de nueve años de inhabilitación vulnera el derecho a la legalidad penal
El Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso del expresidente andaluz Manuel Chaves contra su condena por prevaricación en el caso de los ERE. El Pleno del Constitucional ha ordenado a la Audiencia de Sevilla dictar una nueva sentencia para rebajar su condena de nueve años de inhabilitación, considerando que vulnera el derecho a la legalidad penal. Esta decisión representa un alivio para Chaves, quien fue condenado por su implicación en el sistema de ayudas públicas a empresas y trabajadores.
Manuel Chaves, junto con otros altos cargos de la Junta de Andalucía, había sido sentenciado por su participación en el descontrol de los fondos públicos destinados a los ERE. El Tribunal Supremo había considerado que estos fondos se manejaron de manera irregular bajo los gobiernos socialistas de Chaves y José Antonio Griñán.
Decisión del Tribunal Constitucional y su impacto
El Tribunal Constitucional, tras estudiar los recursos de los ex altos cargos de la Junta de Andalucía, ha determinado que la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley no constituyen prevaricación. El Pleno ha sostenido que desde 2002 las acciones se realizaron conforme a la Ley de Presupuestos aprobada por el Parlamento andaluz, manteniendo solo la condena por ayudas concedidas antes de 2002 y por una modificación presupuestaria ajena a las ayudas sociolaborales aprobada en 2004.
La sentencia, redactada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, ha sido aprobada con los votos de la mayoría progresista del tribunal. Los magistrados conservadores Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel han emitido votos particulares en contra de la decisión. Esta resolución no solo afecta a Chaves, sino que también abre la puerta a una posible revisión de la condena de José Antonio Griñán, cuyo recurso será analizado en las próximas horas.
Reacciones y próximos pasos
La decisión del Tribunal Constitucional ha generado diversas reacciones en el ámbito político y judicial. La revisión de la condena de Chaves y la posible reconsideración del caso de Griñán podrían tener implicaciones significativas para el sistema judicial y la percepción pública de la gestión de fondos públicos. La Audiencia de Sevilla ahora deberá dictar una nueva sentencia que refleje la rebaja de la condena impuesta a Chaves.
Este fallo subraya la importancia de respetar el derecho a la legalidad penal y la necesidad de que las condenas sean proporcionales y fundamentadas en la legislación vigente. El caso de los ERE sigue siendo un tema de gran relevancia en España, y las decisiones judiciales continuarán siendo objeto de escrutinio y debate en los próximos meses.
