La guerra contra las pandillas en El Salvador bajo el régimen de Bukele enfrenta acusaciones serias
Durante el régimen de excepción implementado en El Salvador para combatir a las pandillas, se han denunciado casi 4,000 violaciones a derechos humanos, un hecho que ha puesto en el punto de mira al gobierno de Nayib Bukele. Según informes de la ONG Cristosal, estas violaciones incluyen un alarmante número de detenciones arbitrarias, que representan el 96,76% de las denuncias, seguido de allanamientos ilegales de viviendas y reportes de malos tratos.
Estas acciones han afectado principalmente a jóvenes entre 18 y 30 años, evidenciando una preocupante tendencia hacia la criminalización de la juventud salvadoreña. Además, se han registrado casos de afectación a miembros de la comunidad LGBTIQ+, destacando un patrón de abuso de autoridad por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil.
Impacto y controversia del régimen de excepción
El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 tras una escalada de violencia atribuida a las pandillas, ha resultado en más de 78,500 detenciones. A pesar de la reducción en la tasa de homicidios y de la aprobación de parte de la población, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han criticado la estrategia.
Estas organizaciones alertan sobre una crisis de derechos humanos que podría intensificarse durante el segundo mandato de Nayib Bukele, señalando que el Estado salvadoreño ha evadido sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
La respuesta del gobierno y la comunidad internacional
El gobierno de Bukele defiende el régimen de excepción como una medida efectiva contra la violencia de las pandillas, argumentando que ha mejorado la seguridad en el país. Sin embargo, la comunidad internacional y diversas ONG insisten en que la seguridad no puede lograrse a costa de los derechos humanos y piden una revisión de estas políticas.
La situación en El Salvador es un recordatorio de que la lucha contra la criminalidad debe equilibrar la seguridad con el respeto a las libertades fundamentales. La comunidad internacional sigue atenta a la evolución de estos eventos, esperando que se encuentren soluciones que respeten los derechos humanos de todos los salvadoreños.
