La pensión mínima sin cónyuge a cargo sube un 6 %, mientras que las contributivas y no contributivas aumentan por encima de la media
El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que establece las nuevas revalorizaciones de las pensiones para 2025, destacando un aumento significativo en las pensiones mínimas y no contributivas. La pensión mínima sin cónyuge a cargo pasa de 783 euros mensuales en 2024 a 830 euros, un incremento del 6 %.
Para quienes tienen cónyuge a cargo y 65 años o más, el aumento será del 9 %, subiendo de 1.033 euros a 1.127 euros mensuales. Asimismo, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) también experimentan un incremento del 9 %, buscando reducir la brecha del umbral de pobreza.
Subida general del 2,8 % y su impacto en el sistema
El decreto aprobado también recoge una subida general del 2,8 % en todas las pensiones contributivas del sistema, efectiva desde el 1 de enero de 2025. Este incremento asegura que las pensiones mantengan su capacidad de compra en un contexto económico marcado por la inflación. La reforma establece que las mínimas y no contributivas crezcan por encima de la media, priorizando la lucha contra la pobreza y la garantía de suficiencia.
La revalorización forma parte de un plan más amplio que busca reforzar el sistema público de pensiones y cumplir con los principios de solidaridad entre generaciones. La medida, que debe ser convalidada por el Congreso, es clave para sostener el bienestar de millones de pensionistas, especialmente aquellos con ingresos más bajos.
El papel de las pensiones en la lucha contra la pobreza
Con esta reforma, el Gobierno continúa apostando por reducir las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de los colectivos más vulnerables. El aumento del 9 % en las pensiones no contributivas y del IMV refleja un compromiso con la equidad social.
Además, el incremento de las pensiones mínimas ayuda a cerrar la brecha económica en los hogares más afectados, reforzando el sistema público como un pilar de la protección social en España. Este enfoque tiene como objetivo garantizar que los pensionistas puedan afrontar sus necesidades básicas con mayor seguridad financiera.
