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Así afecta la Ley de vivienda en los precios del alquiler 

El PSOE ha llegado a un acuerdo con sus compañeros de gobierno para instalar cambios significativos dentro de la regulación del mercado de viviendas

La nueva Ley de Vivienda ha sido aprobada después de más de dos años de diseño y negociaciones entre PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. Este acuerdo trae consigo cambios significativos en la regulación del mercado de alquiler, que afectarán tanto a inquilinos como a propietarios. Entre los principales cambios se encuentran la eliminación del IPC como índice de referencia y la limitación de las subidas de los alquileres.

Uno de los aspectos más destacados de la nueva ley de vivienda es la eliminación del IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos de alquiler. Los grupos parlamentarios han argumentado que la inflación puede generar fluctuaciones enormes en un corto periodo de tiempo, lo que justifica la necesidad de un nuevo índice.

Nueva ley de viviendas afecta al alquiler

Limitaciones en las subidas de alquiler para 2024

La nueva ley establece límites en las subidas de alquiler, con un aumento máximo del 2% en 2023 y del 3% en 2024. A partir de entonces, se creará un nuevo índice en estos términos, con el objetivo de que sea más estable e inferior a la evolución del IPC, y que limite los incrementos de la renta por la renovación anual. La nueva legislación también redefine el concepto de gran tenedor, reduciendo el número mínimo de viviendas necesarias para ser considerado como tal de diez a cinco. 

Además de todo esto también amplía la declaración de zonas tensionadas del mercado de alquiler, donde los precios están actualmente topados. Los topes en las zonas tensionadas se establecerán mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores.

Negociaciones y desacuerdos previos al pacto del PSOE

El pacto para aprobar la ley de vivienda se ha retrasado varios meses debido a desacuerdos entre el PSOE y el resto de sus socios. El objetivo principal era limitar la revalorización anual de las cuotas en los contratos de alquiler. El límite legal para revalorizar las cuotas cada año era el IPC, pero el Gobierno ha impuesto un nuevo tope del 2% para evitar subidas muy elevadas, dada la elevada inflación en Europa a raíz de la guerra en Ucrania.

Unidas Podemos, ERC y EH Bildu querían que esta medida provisional se convirtiera en definitiva. Hay que tener en cuenta que el PSOE se opuso y ofreció limitar la subida anual de los alquileres ya firmados a un 3% para 2024. Los socios no veían con malos ojos ese tope, pero se negaban a que fuera el equipo de la vicepresidenta Calviño el que diseñara en solitario el índice que definiría el límite a partir de 2025. Así sospechaban que Economía pretendía implementar un modelo que permitiera subidas superiores.

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