El Congreso convalidará este jueves un decreto que incluye una ampliación del crédito destinado al pago de 1.350 millones a estas entidades
Es la noticia del momento: el Gobierno, a partir de la aprobación de un decreto ley, sucumbió a los trapicheos con los grandes bancos españoles, entre ellos Bankia , Banco Santander y CaixaBank. Lo peor de todo es que se trata de la utilización de un decreto ley con medidas sociales.
Estas son las desgravaciones fiscales a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital para dar luz verde al pago de 1.350 millones de euros de la deuda por el proyecto Castor, de Florentino Pérez. El Ejecutivo incluyó esta autorización para indemnizar a Caixabank, Bankia y Banco Santander.
Bankia y otros bancos recibirán 1.350 millones por el proyecto Castor de Florentino Pérez
Las tres entidades entraron dentro del real decreto “de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias”. El mismo entró en vigor el pasado 29 de diciembre. Y se someterá al examen del Congreso en el Pleno extraordinario de este jueves.
El Tribunal Supremo, atendiendo a la demanda de las financieras, obligó al Estado a pagar los 1.350 millones que los bancos adelantaron en su día. Sobre todo para compensar a la constructora ACS y al grupo canadiense Dundee por la cancelación del fallido almacén artificial de gas Castor.
El motivo es compensar a la constructora ACS por la cancelación del fallido almacén artificial de gas Castor
El cual fue construido frente a las costas de Castellón. “A dicha cantidad hay que añadir los intereses compensatorios desde la fecha de la presentación de la reclamación hasta la fecha de notificación de la sentencia. Sin perjuicio de los intereses legales que pudieran corresponder a partir de la citada notificación”.
El Supremo estimó parcialmente el recurso de los bancos, que en abril de 2018 presentaron ante el Ejecutivo una “reclamación de responsabilidad del Estado legislador” en la que le instaron, sin éxito, a la devolución del dinero aportado. Las entidades como Bankia y el acceso a estos trapicheos formularon dicha reclamación, después de que el Tribunal Constitucional permitiera a Escal UGS, empresa controlada por ACS, cobrar una indemnización por la paralización del almacén de gas.
