Un escándalo de corrupción que sacude de nuevo a la Gürtel
Fernando Martín, expropietario de Martinsa y expresidente del Real Madrid, ha admitido ante la Audiencia Nacional el pago de 25 millones de euros en comisiones ilegales dentro de la trama Gürtel. Su confesión busca reducir su condena y evitar la cárcel.
El constructor reconoció haber pactado el pago con Francisco Correa, líder de la Gürtel, para asegurarse la adjudicación de suelo en Arganda del Rey (Madrid) entre 2004 y 2006, cuando el municipio estaba gobernado por el Partido Popular (PP).
El amaño en Arganda: cómo se fraguó la operación
La operación se cerró en el Hotel Fénix Gran Meliá de Madrid, donde Martín y Correa acordaron un pago en dos partes: 12 millones al adjudicarse las parcelas a Martinsa y 13 millones conforme avanzaba el proyecto.
Parte del dinero terminó en manos del entonces alcalde Ginés López y del consejero delegado de la Sociedad de Fomento de Arganda, Benjamín Martín Vasco. También intervinieron los empresarios Manuel Salinas y Amando Mayo, que facilitaron los pagos.
El dinero fue transferido a cuentas en Suiza, gestionadas por Arturo Fasana, financiero de Correa.
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Las consecuencias judiciales y el acuerdo con la Fiscalía
Fernando Martín ha pactado con la Fiscalía Anticorrupción para reducir su condena. Se le imputan cinco delitos:
- Prevaricación
- Fraude a la Administración
- Cohecho
- Dos delitos contra la Hacienda Pública
Su pena quedará en 3 años y 4 meses de prisión, más tres años de inhabilitación y 270.000 euros de multa. Sin embargo, al cumplir los requisitos legales, su defensa ha solicitado la suspensión de la pena de cárcel.
Un empresario marcado por la corrupción
En 2006, tras la dimisión de Florentino Pérez, Fernando Martín asumió la presidencia del Real Madrid, aunque solo duró dos meses. Su imperio colapsó en 2008 con la mayor suspensión de pagos de España, acumulando una deuda de 7.000 millones de euros.
Ahora, con 77 años, su confesión lo aleja de la cárcel, pero su nombre queda ligado a uno de los mayores escándalos de corrupción urbanística en España.